¿Qué es la Participación Ciudadana?

Antes de transcribir algunos conceptos que detallan claramente este derecho y obligación ciudadanos, debemos anotar que en Colombia la Participación Ciudadana se deriva de la naturaleza misma del Estado, el cual por voluntad del pueblo en su Constitución Política es definido como “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, ….., democrática, participativa y pluralista, …… fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (Art.1° de la Constitución Nacional) y en el artículo 3° establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.” (Subrayado nuestro)

La Participación Ciudadana es una “Política de estado” Y como Política de Estado debemos entender todo aquello que un gobierno desea implementar en forma permanente, para que trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada por los diferentes y normales cambios de gobiernos. No debe confundirse con “Política de Gobierno” que es el programa o propuesta a desarrollar por un Gobierno de turno.

Hecha esta importante aclaración, transcribimos a continuación unos conceptos que están contenidos en el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y que no solo la definen claramente sino que señalan sus alcances.

Participación Ciudadana “Es el derecho que tienen las personas y sus organizaciones, sin distingo alguno, a incidir, a través de diversas acciones, en la elaboración, ejecución y seguimiento de las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos, cuando les asista interés o puedan resultar afectados por ellas.

La participación ciudadana es un valor inseparable del sistema democrático, un fin y un principio fundamental de la convivencia colectiva. Es un derecho inherente a las personas y un deber consagrado en la Constitución.

La participación ciudadana puede ejercerse directamente por las personas o a través de sus representantes en las instancias creadas para tal fin; a través de instancias institucionales permanentes y reguladas por el Estado, o de espacios transitorios, no reglamentados, creados por iniciativa ciudadana o gubernamental para resolver problemas específicos.

La participación ciudadana puede tener distintos alcances: la información, la consulta, la iniciativa, la deliberación, la decisión y el control a las decisiones públicas.

La participación ciudadana es un comportamiento político y social, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia y la protección de los derechos y las libertades, así como el deber de los ciudadanos en la definición del destino colectivo.

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD.
Las actuaciones de las autoridades estatales en materia de participación deben ser públicas. Por lo tanto, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente la gestión que desarrollan así como el resultado de la misma.

El Estado deberá asegurar el libre acceso de todas las personas a la información y documentación relativa a las actividades de interés colectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en las normas vigentes sobre la materia.

La participación ciudadana deberá contribuir a la adecuación de las acciones públicas, a la satisfacción de las necesidades colectivas y al logro de los fines del Estado Social de Derecho.

El ejercicio de la participación ciudadana supone la posibilidad para los participantes de expresar sus puntos de vista y confrontarlos con los de otras personas y grupos en la mira de construir acuerdos.

La participación ciudadana debe propiciar la concertación de decisiones entre los actores sociales y de éstos con las autoridades públicas con el propósito de construir conjuntamente soluciones a los problemas que son objeto de la participación.

Las personas y grupos que ejerzan su derecho a participar, así como las autoridades públicas en su tarea de facilitar dicho ejercicio deberán encaminar su esfuerzo a conciliar el legítimo interés particular con el interés colectivo, dando primacía a este último, sin que ello vaya en detrimento de las minorías de cualquier índole.

Las autoridades públicas, tienen la obligación de promover la participación ciudadana de todas las personas en el territorio de su jurisdicción, para lo cual deberán promover y facilitar el uso de las instancias, espacios y mecanismos de participación

Las autoridades públicas evitarán la dispersión de instancias institucionales de participación en el territorio de su jurisdicción y su multiplicación innecesaria. De tal forma, las autoridades públicas propiciarán la articulación de las instancias actualmente existentes y promoverán de manera prioritaria aquellas cuyo objeto sea esencial para la vida de las comunidades teniendo en cuenta las particularidades del territorio de su jurisdicción.

La ley garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y seguimiento a los planes, las políticas, los programas y los proyectos públicos.”

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